Las concesiones que había recibido la Richmond Levering fueron ilegalmente cedidas a la Standard Oil en 1921, vulnerando una cláusula del contrato que prohibía expresamente tal cesión. A pesar de ello, el gobierno de Saavedra aprobó el nuevo status en 1922. La Standard compró además otras concesiones de particulares hasta controlar 4,6 millones de hectáreas para su explotación. El contrato con el gobierno establecía un derecho de explotación de 55 años, la empresa debería perforar un pozo por cada 50.000 hectáreas y producir hasta dos millones de barriles por año.
Para entender el problema de los trabajadores de la gran minería del estaño, se debe saber que, hasta las leyes mencionadas, carecían en absoluto de una legislación que los amparase, así como de medidas mínimas de seguridad industrial. Si bien es cierto que las grandes empresas contaban con una infraestructura importante en el sector médico, educativo y recreativo que el país no había conocido nunca en centros de trabajo (hospitales totalmente equipados, escuelas y áreas deportivas), las condiciones de trabajo eran francamente brutales. Las "puntas" de trabajo en interior mina duraban más de las ocho horas en que se reglamentaron con Saavedra. Los socavones estaban bajo tierra a temperaturas altísimas, saturados del polvo de las perforaciones. El esfuerzo físico era muy grande, no sólo por los pesos que se cargaban sino por la escasez de oxígeno en las galerías sumada a la altura promedio de las montañas mineras (más de 4.000 mts. s.n.m.). El resultado era una esperanza de vida por debajo de los 35 años, tuberculosis y silicosis como enfermedades crónicas de los trabajadores y mutilaciones y muertes frecuentes por accidente.
Los primeros conflictos en la minería comenzaron con el siglo. Hay referencias de confrontaciones o huelgas en 1904 en Huanchaca y en 1918 en La Salvadora y Pulacayo.
Pero fue en Uncía donde se produjo el hecho más grave que los mineros tomaron como punto de partida de su lucha sindical. Uncía era el centro minero más moderno y equipado de Patiño, contaba con unos 10.000 habitantes. El I2 de Mayo de 1923, se unieron las federaciones de Llallagua y La Salvadora, creando la Federación Obrera Central de Uncía, liderizada por Guillermo Gamarra y Ernesto Fernández. A mediados de mayo exigieron la destitución del gerente Emilio Díaz de nacionalidad chilena, por abusos permanentes y limitaciones al trabajo sindical.
Ni la empresa ni el gobierno oyeron los pedidos. Se decretó el estado de sitio y cuatro unidades del ejército llegaron a Uncía. En medio de las negociaciones, los dirigentes Gamarra y Rivera fueron apresados. La población se reunió en la plaza principal exigiendo la libertad de los presos y al anochecer el exasperado mayor José V. Ayoroa disparó y ordenó disparar contra la multitud, el saldo fueron nueve muertos y cinco heridos de consideración. La masacre enardeció ánimos y la pacificación requirió varios días. Más allá de los resultados inmediatos, el movimiento y masacre de Uncía abrió una brecha en las reivindicaciones obreras bolivianas.